Las contradicciones en la guerra contra los ultraprocesados en EE. UU.

En el marco de las políticas Make America Great Again (MAGA) del presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha impulsado el movimiento Make America Healthy Again (MAHA). Este movimiento es prioridad central de la administración Trump y, más allá de las controversias generadas por su impulsor, Robert F. Kennedy, Jr., tiene entre sus objetivos combatir los problemas de nutrición derivados del elevado consumo de alimentos ultraprocesados.

Su informe estratégico, publicado el 9 de septiembre de 2025, propone una transición hacia una dieta basada en alimentos frescos y mínimamente procesados, como frutas y verduras, con el objetivo de garantizar alimentos nutritivos para las poblaciones vulnerables. En esa línea, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) ha permitido a varios estados restringir la compra de ciertos ultraprocesados (refrescos azucarados y golosinas) mediante los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). No obstante, este obetivo se ve comprometido por recortes presupuestarios masivos como consecuencia de la aprobación de la ley One Big Beautiful Bill Act. Mediante esta ley, se redujeron los fondos de SNAP y se eliminó la financiación federal para su programa educativo, dificultando aún más el acceso a alimentos saludables.

Una de las principales limitaciones que se encuentra en todo el mundo para avanzar en la reducción del consumo de ultraprocesados es la ausencia de una definición unificada. En julio de 2025, los departamentos de Salud (HHS), Agricultura (USDA) y la Administación para la Alimentos y Drogas (FDA) iniciaron la recopilación de datos para establecer una definición oficial que poder utilizar a nivel federal, paso clave para futuras políticas y regulaciones. Sin embargo, el proceso normativo podría tardar años, por lo que se reclama acción inmediata frente a las formulaciones más perjudiciales de estos productos.

El plan MAHA también destaca la necesidad de más investigación sobre alimentación y salud. Por consiguiente, la FDA y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) crearon un programa conjunto para estudiar cómo y por qué los ultraprocesados afectan negativamente a la salud. Sin embargo, no se han asignado recursos ni infraestructura adecuados. Más aún, la investigación sufrió un revés cuando Kevin Hall, pionero en demostrar que los ultraprocesados inducen a comer en exceso con uno de los pocos ensayos clínicos al respecto, se retiró anticipadamente tras denunciar censura federal. Hall afirmó que se le prohibió hablar libremente con los periodistas sobre un estudio que podría haber sido considerado como contradictorio con la postura del Sr. Kennedy sobre la naturaleza adictiva de los alimentos ultraprocesados, que incluyen productos como nuggets de pollo, perritos calientes, galletas empaquetadas y patatas fritas.

Por otra parte, el HHS ha centrado su acción directa en solicitar la retirada voluntaria de colorantes sintéticos, aunque sin un análisis de riesgo comparativo con otros aditivos. También planea reformar el proceso GRAS (ingredientes “generalmente reconocidos como seguros”), exigiendo mayor transparencia a los fabricantes, aunque persisten dudas sobre la capacidad de la FDA para supervisar los cambios. El excomisionado David Kessler ha pedido incluso revocar el estatus GRAS de algunos carbohidratos refinados como el jarabe de maíz alto en fructosa.

A nivel estatal, la falta de consenso federal ha generado un mosaico normativo: más de 130 proyectos de ley buscan limitar los ultraprocesados, especialmente en escuelas. California ha liderado con leyes que prohíben aditivos sintéticos y eliminan ciertos ultraprocesados de los menús escolares para 2035, mientras Texas y otros estados adoptan medidas similares.

Finalmente, se señalan estrategias federales prometedoras: reducir sodio, aplicar etiquetas frontales interpretativas, gravar bebidas azucaradas, alinear los menús escolares con una futura definición de ultrpaprocesados, exigir estándares “saludables” en los programas de asistencia alimentaria. Además, la próxima edición de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses (2025) incorporará por primera vez el análisis del impacto de los ultraprocesados, marcando un posible punto de inflexión en la política nutricional del país. Sin embargo, persisten las dudas sobre si estas políticas se podrán llevar a cabo debido a los recortes.

En la siguiente tabla se muestran las políticas previstas según la Estrategia MAHA y las dificultades de implementación derivadas de los recortes.

Políticas previstas en la estrategia MAHA	Objetivo principal	Dificultades derivadas de los recortes de la One Big Beautiful Bill Act

Promover una transición desde dietas basadas en alimentos ultraprocesados hacia una alimentación con productos frescos y mínimamente procesados (frutas, verduras, cereales integrales, etc.)

Mejorar la calidad nutricional de la dieta de la población

Los recortes en los beneficios de SNAP reducen la capacidad de las familias para comprar alimentos frescos, más costosos que los ultraprocesados.

Garantizar “alimentos nutritivos para poblaciones necesitadas” a través de los programas de asistencia alimentaria

Reducir desigualdades en salud y nutrición

Disminución del presupuesto del programa SNAP, afectando a millones de beneficiarios; eliminación total de la financiación federal para SNAP Education, que promovía educación nutricional.

Establecer una definición federal uniforme de alimentos ultraprocesados.

Permitir una regulación coherente a nivel nacional y orientar futuras políticas

Menores recursos administrativos y científicos para completar el proceso de recopilación y análisis de datos necesarios para definir los ultrarprocesados.

Impulsar más investigación sobre la relación entre ultraprocesados y salud mediante el programa conjunto FDA–NIH de Nutrition Regulatory Science

Generar evidencia científica sólida para orientar políticas de salud pública

Falta de infraestructura y recursos financieros; la reducción de fondos limita el desarrollo de bases de datos e investigaciones epidemiológicas.

Reformar el proceso GRAS para exigir notificación obligatoria a la FDA

Aumentar la transparencia y seguridad alimentaria

La FDA no dispone de recursos suficientes para revisar el gran volumen de notificaciones que la reforma generaría.

Fomentar cambios en los programas de comidas escolares y nutrición infantil para reducir los ultraprocesados

Mejorar la alimentación en la infancia y prevenir obesidad

Los recortes reducen la financiación de programas escolares dependientes de fondos federales, dificultando la sustitución de ultraprocesados por alimentos frescos.

En definitiva, en EE.UU. existe cada vez mayor conciencia sobre los perjuicios asociados con los alimentos ultraprocesados y cómo su mayor consumo desplaza a alimentos integrales más nutritivos. Si bien hay iniciativas que parecen bien encaminadas, puestas en marcha por la administración Trump, los recortes en los fondos públicos las pueden poner en peligro.

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Nota. Este post está basado en el artículo The Case for Stronger Government Action on Ultraprocessed Foods, de Sara N. Bleich y Susan T. Mayne en JAMA Health Forum. https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2840394